¿Hay en España demasiados funcionarios? O, por el contrario, ¿están siendo los chivos expiatorios de la crisis? Acaso la envidia es muy mala y en el actual contexto de inestabilidad muchos querrían para sí la seguridad del empleado público. Lo que sí es seguro es que cada día aumentan las críticas al sistema funcionarial de nuestro país. El debate está abierto.

Congelar salarios

Una de las propuestas que más suenan desde el mundo de la política para afrontar la crisis es la congelación salarial. Incluso se habla de recortar sueldos. Sin embargo, ¿a quién? En ese punto es en el que cuesta ponerse de acuerdo. Aun así, los funcionarios son los primeros en temer estos ajustes que en muchas ocasiones los señalan a ellos.

Las reformas estructurales

En Cataluña, el conseller de Economía, Antoni Castells, propone abordar reformas estructurales que aumenten la competitividad del país. Esto supondría aplicar “ajustes drásticos”, es decir, la congelación salarial. Según Castells, el anterior ministro de Economía Pedro Solbes ya se planteó la posibilidad de congelar salarios en la función pública. Pero la medida no se llevó a cabo por temor a movilizaciones sindicales. Aún así, Castells considera que éstas son reformas imprescindibles que hay que llevar a cabo para evitar que España alargue excesivamente su “calvario”. El líder de la oposición Mariano Rajoy también ha abogado por congelar el sueldo de los funcionarios y dejar que los empresarios decidan congelaciones y recortes con el resto de trabajadores. Si el Gobierno aplicara la congelación salarial, ésta afectaría obligatoriamente a todos los funcionarios (administración central, local y autonómica), según sentenció el Tribunal Supremo.

Críticas a los recortes

Sin embargo, las voces críticas con este tipo de medidas señalan que podría tener efectos negativos sobre el consumo. Principalmente si se tiene en cuenta que los sueldos de los españoles ya han sido en muchos casos “congelados” en los últimos años, con una política de austeridad que ha supuesto una disminución de su poder adquisitivo. Otros señalan que, mientras que el sector público (incluída la Sanidad Pública) debería aumentar si se tiene en cuenta a otros países de la Unión Europea, el verdadero problema de España no serían los sueldos de los funcionarios o una sociedad con excesivo número de ellos, sino el fraude fiscal, cometido en su mayor parte por parte del mundo empresarial y que acaba perjudicando a las clases media y baja.