¡A por un trabajo fijo!

En julio del año pasado, los datos del Ministerio de Administraciones Públicas cifraban en 2,5 millones (es decir, una de cada 18) las personas que trabajaban en el ámbito público, una cantidad que pone de manifiesto que son muchos los que prefieren trabajar en este sector. En concreto, la mitad de los españoles se decanta por desarrollar su vida profesional en el terreno público, frente a un 30 por ciento que prefiere el privado. Así lo pone de manifiesto el informe sobre la ‘Imagen pública del sistema universitario español’ de la Agencia Nacional de Educación de la Calidad y Acreditación (ANE-CA), referente a 2004, que también revela que incluso los universitarios, en un 45 por ciento, se inclinan por trabajar en un organismo público.

De los 2,5 millones de empleados públicos registrados hasta mitad del año pasado, 553.206 trabajaban en la Administración Estatal, mientras que 1.260.575 lo hacía en las Administraciones Autonómicas y 602.256 en las Locales. Las universidades, por su parte, contaban con 96.256 empleados públicos.

Pero si algo llama la atención de la ocupación en este sector durante los últimos años es el aumento de la presencia femenina. Tanto es así, que en 2007 por primera vez las féminas dominaban el empleo público en la Administración General del Estado (AGE), llegando a las 118.530 trabajadoras (el 51 por ciento del total).

Un buen momento

Si formas parte del colectivo que prefiere desarrollar su carrera profesional en el ámbito público, has de saber que éste es un buen momento para intentarlo. Y es que, como señala la jefa de estudios del Centro de Estudios Financieros (CEF), Ángela de las Heras, «es un buen momento debido a que ahora mismo hay menos opositores de los que había y eso hace que la oposición se llegue a superar quizás con mayor facilidad que cuando había un número de instancias muy superior a lo que actualmente está habiendo».

Además, el empleo público viene asociado a una serie de condiciones que pueden hacer que, finalmente, optes por él. Algunas son la seguridad laboral, pues, por lo general, se trata de un trabajo fijo y seguro, la promoción profesional y su sistema de retribuciones. En este sentido, habría que señalar que no son las mismas en todas las escalas y que, además, dependen de factores como el nivel del puesto o la antigüedad del empleado. De una forma u otra, lo cierto es que estas retribuciones se dividen en básicas (sueldo, trienios y pagas extraordinarias) y complementarias (complemento de productividad, de destino, etc.).

A ello se suman beneficios sociales como permisos retribuidos (por asuntos propios, cuidado de hijos menores de nueve meses, etc.), licencias, excedencias y otros derechos. En este caso, ocupa un lugar privilegiado la conciliación, gracias al Plan Concilia, puesto en marcha por el MAP. Es más, según un informe de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania de Catalunya, los funcionarios son los padres ideales. ¿Los motivos? Son los que pasan más tiempo con sus hijos y dedican más horas a las tareas domésticas. Por algo será.

Todos iguales

La promoción, las retribuciones, la conciliación… Son factores que hacen atractivo al empleo público, pero también lo hace la política de igualdad entre hombres y mujeres. En concreto, el Gobierno ha aplicado en este ámbito un plan de igualdad de género con medidas que garantizan la paridad real entre hombres y mujeres, tanto en el acceso como en el desarrollo de su trabajo. Sólo hace falta ver que ya el 51 por ciento de los empleados públicos es mujer para darse cuenta de ello.

Época de cambios

Más plazas para discapacitados, acceso desde los 16 años o solicitar destino por vía electrónica son sólo algunas de las novedades con las que contará a partir de ahora la oferta de empleo público.

El sistema de oposiciones español ha ido experimentando cambios para adaptarse a las necesidades y circunstancias de los nuevos tiempos. Así, desde la entrada en vigor en mayo del año pasado del Estatuto Básico del Empleado Público, la edad mínima para opositar pasa de los 18 a los 16 años.

Además, el documento modificó la clasificación de puestos públicos en función del título exigido. Ahora hay cuatro grupos: el Grupo A, que se dividiría en dos subgrupos (A1 paralicenciados y A2 para diplo-mados), el Grupo B (para titulados técnicos superiores), el Grupo C, también dividido en dos subgrupos (C1 para los candidatos con Bachillerato y C2 para los graduados en ESO) y las Agrupaciones Profesionales (sin requisito de titulación).

A la última

La convocatoria de este año, además de contar con la mayor oferta registrada hasta ahora, se caracteriza por incorporar más novedades. Por ejemplo, los opositores que superen los exámenes podrán tomar posesión de su puesto este mismo año y, por primera vez, se reserva el siete por ciento de las plazas a personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Antes sólo se reservaba el cinco por ciento del total.

También se deja paso a la tecnología, y muestra de ello es que la oferta de 2008 incluye la posibilidad de hacer obligatorio que los candidatos que aprueben soliciten su destino por medio electrónico. Además, los interesados en la convocatoria podrán conocer más de ella a través de internet, correo electrónico y SMS.

La oferta más numerosa

Este año se han ofertado 35.895 plazas, repartidas entre Administración del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas.

La Oferta de Empleo Público de 2008 pasará a la historia por ser la mayor convocada en España. En total, se ofrecen 35.895 plazas, de las que este mes de marzo el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) ha convocado 4.581 en marzo.

Del total de vacantes ofertadas, 11.936 pertenecen a la Administración General del Estado. Estas últimas se dividen en 5.796 para funcionarios de acceso libre, 4.869 de promoción interna y 1.271 de personal laboral.

¿Qué plazas se convocan? Para los de turno libre, se ofrecen puestos de auxiliares administrativos, técnicos auxiliares de informática, agentes de Hacienda, ayudantes de instituciones penitenciarias y de gestión. En el caso de la promoción interna, quedan vacantes puestos de auxiliares administrativos, administrativos del cuerpo general y de la Seguridad Social y también de gestión.

Refuerzo de la seguridad

Respecto a las plazas convocadas en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 5.075 están reservadas para el Cuerpo Nacional de Policía (5.000 de ellas para la Escala Básica) y 5.081 para el de la Guardia Civil. En las Fuerzas Armadas se han convocado, además, 5.684 puestos.

Por su parte, la Administración de Justicia cuenta con 6.113 plazas. De todas ellas, 1.662 pertenecen al Cuerpo de Auxilio Judicial, mientras que 2.242 son del de Tramitación Procesal y Administrativa y 1.342 corresponden al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Otras plazas, aunque en cifras inferiores, están destinadas a médicos forenses, secretarios judiciales, ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y facultativos y técnicos especialistas.

Todo claro

El personal que trabaja en la Administración Pública se clasifica en dos grupos generales: el funcionariado de carrera y el personal laboral fijo.

Por lo general, al hablar de un trabajador de la Administración Pública se utiliza el término funcionario. Sin embargo, éste no es el único que presta sus servicios en este ámbito. Se pueden diferenciar, por tanto, dos perfiles. El funcionario de carrera es el que desempeña sus servicios en la Administración de forma permanente. Es decir, este trabajador está en plantilla y cuenta con un sueldo fijo.

La otra figura forma parte del personal laboral fijo, compuesta por empleados contratados por la Administración correspondiente con este carácter.

¿Cuál eliges?

Unos y otros deberán superar unas oposiciones que, como señalan desde el Centro de Estudios Adams, pueden clasificarse en función de su convocante y del nivel de estudios exigidos. En este último caso, la división experimentó el pasado año cambios, quedando cuatro grupos: A (A1 y A2), B, C (C1 y C2) y Agrupaciones Profesionales.

Respecto al organismo convocante, están las de la Administración General del Estado, caso en el que puede que no se especifique el lugar en el que se ubican las plazas, siendo éstas «de ámbito nacional», o que se especifique la región o provincia.

Pero las convocatorias podrán pertenecer también a la Administración Autonómica, pues cada región tiene competencia para seleccionar al personal que trabaja en ellas. De ahí que lo seleccione cada una de forma independiente. Por su parte, en la Administración Local, al estar formada por ayuntamientos y diputaciones provinciales, serán éstos los que determinen el territorio que se vea afectado por la convocatoria.

© Laboris