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Construcción: del ‘ladrillazo’ a fábrica de parados

| Redacción de

Construcción: del ‘ladrillazo’ a fábrica de parados

La tormenta económica sigue golpeando fuerte a una de sus principales víctimas, el sector de la construcción, que ha llegado ha perder en los últimos quince meses 332.600 asalariados y ha visto como más de 520.000 de sus trabajadores pasaban a engrosar las listas del INEM, según datos aportados por UGT.

Como solución, desde el sindicato proponen la puesta en marcha inmediata de una amplia iniciativa del sector público que afecte a todos sus estamentos -desde el Gobierno hasta los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales- para emprender planes a largo plazo en materia de vivienda protegida, infraestructuras y edificación no residencial. Con esta medida intentan contrarrestar el dato de que cayera en un 17 por ciento la licitación de obra pública durante los primeros nueve meses de 2008.

Sugieren también que la industria sea la encargada de tomar el relevo de la construcción como motor de la economía y la generación de empleo, y para ello consideran necesario que el ministerio que encabeza Pedo Solbes debería impulsar y diseñar el cambio del modelo productivo.

Además, desde el sindicato denuncian que una de las consecuencias más negativas de la crisis es el preocupante relajamiento de las tareas para la prevención de accidentes laborales, como demuestra el aumento que están experimentando los siniestros mortales.

Un total de 261 trabajadores de la construcción perdieron la vida durante el pasado año, una cifra preocupante, a pesar de supone 17 personas menos que en 2007.Los expertos explican esta disminución en relación con el importante descenso de la actividad que ha sufrido el sector. Por comunidades autónomas, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid encabezan la triste lista de las regiones que más siniestros sufrieron en 2008.

Como solución a esta sangría laboral, el sindicato UGT demanda la necesidad urgente de que desde las administraciones públicas se destinen más fondos a mejorar la Inspección de Trabajo y a impulsar la prevención. Concretamente, exigen una contundente y clara campaña institucional que vigile no sólo el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad, sino también de las condiciones de trabajo, así como la jubilación a los 60 años para los empleados que desarrollan su labor a pie de obra.

© Laboris

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