La innegable sobrecarga de trabajo que colapsa Juzgados y Tribunales ha impulsado, en los últimos tiempos, la adopción de técnicas de descongestión, algunas de las cuales pasan por la implantación de ciertas manifestaciones del principio de oportunidad.Las propuestas más arriesgadas que surgen a este respecto defienden la implantación de vías informales que, operando alternativamente al proceso oficial, eviten los males que a éste aquejan. Así, la promoción de soluciones consensuadas entre víctima y ofensor se ofrecen, con gran entusiasmo, como máximo exponente de esta corriente.También dentro del propio proceso, es decir, no como alternativa informal al mismo pero sí como vía para ponerle fin, existen ciertas manifestaciones de consenso, auspiciadas por nuestro legislador, que son presentadas como un modo de lograr una solución justa y ágil.Corresponde ahora examinar hasta qué punto la deseable superación de las fallas -evidentes- de nuestro sistema encuentra en el recurso a los mecanismos apuntados un remedio adecuado. Más concretamente, es nuestro propósito analizar la incidencia que su adopción pueda tener en la adecuada protección de la víctima del delito.La Justicia restaurativa se plantea frente a un Derecho Penal represivo y retributivo, carente de eficacia resocializadora. Desde sus postulados, se reivindican métodos de resolución de conflictos que prevean espacios en los que el victimario –interactuando con la víctima- pueda reparar el daño ocasionado, así como un tratamiento integral del fenómeno delictivo y una reparación plena de la víctima. Es nuestro propósito examinar diversos mecanismos “restauradores”, así como las previsiones legales –algunas, manifestación del principio de oportunidad- que pretenden una más eficaz reparación de la víctima, conciliando las exigencias de justicia con las necesidades de agilidad y analizando en qué medida puede armonizarse el recurso a ciertas figuras con el logro de la efectiva tutela judicial.