La ley 2/2023 de 20 de febrero estable de forma obligatoria para la protección del anonimato del denunciante de infracciones administrativas graves o muy graves y de delitos que puedan cometerse en el seno de una empresa u organización de más de 49 trabajadores la obligación de implantar en el seno de la misma UN CANAL DE DENUNCIAS que será gestionado por un responsable designado por órgano de administración de la empresa.El no implantar en plazo dicho canal puede conllevar una sanción entre 600.000 y 1.000.000 a imponer en su caso por la Autoridad Administrativa de protección de la Identidad del denunciante-AAI.