Personas trabajadoras ocupadas que presten servicios remunerados en empresas o entidades públicas fuera del ámbito de acuerdos de formación en Administraciones públicas y que coticen a la Seguridad Social por formación profesional. Trabajadores ocupados en situaciones específicas como: Fijos discontinuos en períodos de inactividad. Personas en desempleo durante el período formativo. Trabajadores afectados por ERE (suspensión temporal de contrato) o ERTE, conforme al Estatuto de los Trabajadores. Trabajadores adscritos a regímenes especiales, como: Sistema Especial para Trabajadores Agrarios en períodos de inactividad. Régimen Especial de Autónomos, del Mar, y otros regímenes que no coticen por formación profesional. Trabajadores autónomos que participen en programas sectoriales o transversales específicos para autónomos. Personal al servicio de Administraciones públicas, con un límite máximo del 10 % de participantes en programas de competencias transversales generales. Cuidadores no profesionales que atienden a personas dependientes, siempre que las formaciones sean en el ámbito de Sanidad o Educación. Personas en situación de desempleo inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con un límite máximo del 30 % de participantes y posibilidad de acceder a becas y ayudas. Personal de entidades beneficiarias y proveedoras de formación, con un límite máximo del 10 % de participantes y sin superar el 10 % del total de su plantilla. Consideraciones: La condición de trabajador ocupado o desempleado se determina al inicio de la acción formativa. Los participantes en programas sectoriales deben pertenecer al sector o sectores destinatarios del programa. Trabajadores en ERTE pueden participar en cualquier programa formativo, sin importar el sector.