El impuesto sobre sociedades es una contribución directa y personal que grava la renta de las entidades jurídicas y se aplica a nivel nacional, con posibles variaciones regionales. El sujeto pasivo, es decir, las entidades que generan renta, son los responsables de este impuesto. La obtención de esta renta constituye el hecho imponible, y la base imponible se establece a partir de esta renta. Sin embargo, existen ciertas exenciones, como las otorgadas a entidades sin fines de lucro.
Este impuesto tiene una fuerte conexión con la contabilidad de la entidad, ya que se basa en sus resultados para determinar la renta imponible. La amortización, un proceso que refleja el desgaste o depreciación de los activos de la empresa, se toma en cuenta en este cálculo.
Las entidades pueden tener que hacer ajustes al impuesto sobre sociedades debido a diferencias entre los resultados contables y fiscales. Los gastos y provisiones son deducibles siempre que estén vinculados a la actividad de la entidad y sean necesarios para generar ingresos. Además, existen reglas específicas para la valoración de estos gastos y el cálculo de la cuota impositiva.
La base imponible se calcula a partir del resultado contable, con los ajustes correspondientes. En algunos casos, puede haber una subcapitalización, donde la entidad tiene más deuda en relación a su capital. A la base imponible se le aplica el tipo impositivo para determinar la deuda tributaria.
Existen varias deducciones e incentivos disponibles, incluyendo deducciones por doble imposición, que previenen que una misma renta sea gravada dos veces. También hay bonificaciones y deducciones disponibles para fomentar ciertas actividades, como la investigación y desarrollo.
Finalmente, la gestión del impuesto implica varias responsabilidades para las entidades. Estas incluyen la obligación de retener e ingresar pagos por anticipado, así como la presentación de declaraciones y otros requerimientos para la gestión del impuesto.