La implementación de esta garantía no fue pacífica en Colombia; por el contrario, fue observada como una herramienta peligrosa de cara a la seguridad jurídica. No obstante, hoy es reconocida como un mecanismo útil y beneficioso en el contexto constitucional, y es evidente su consolidación, tanto para el ciudadano como para el juez o funcionario del Estado. Su contenido normativo ha sido mayoritariamente de orden jurisprudencial, ya que en esa fuente del derecho encuentra su mayor producción normativa, especialmente en la doctrina de la Corte Constitucional, donde se ha reconocido como un mecanismo excepcional con una técnica rigurosa para su construcción. Lo anterior justifica su estudio académico en un curso universitario.