Los desastres ambientales surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XX (agujero de la capa de ozono, smog fotoquímico, cambio climático…) hicieron que la preocupación social por estos asuntos comenzase a condicionar la política internacional, y comenzaron a aprobarse numerosos convenios internacionales que (una vez asumidos por los Estados) tuvieron su reflejo en la legislación nacional, regional y local de cada país.

Así, hoy día es extraño encontrar un proyecto constructivo, de reforma o simplemente empresarial, que no esté sujeto a algún tipo de figura de protección ambiental de obligado cumplimiento. Esto exige a las organizaciones que promueven dichas actuaciones, la evaluación del posible impacto que puede tener su actividad en el entorno, y la previsión de medidas preventivas, correctoras y compensatorias sobre dicho impacto.