El sistema penal colombiano se ha caracterizado por una visión retributiva, la cual tiende a centrar su atención en el ofensor, en el castigo penal, en la búsqueda de una pena y en la estigmatización. Esta visión se ha desarrollado en medio de una difícil situación carcelaria, en virtud de la cual se ha declarado el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario por la Corte Constitucional (Sentencias T-153/98, T-388/13 y T-762/15), tras constatar la violación masiva y generalizada de los derechos fundamentales de los reclusos.

Todo lo anterior ocurre frente a los ojos de las víctimas, quienes, afectadas por la comisión de hechos violentos y delictivos, no llegan a ser las protagonistas del proceso y, por el contrario, muchas veces resultan ignoradas. Son ellas las que perciben que el proceso penal no responde a sus necesidades y con frecuencia solo sirve para agudizar las heridas y polarizar el conflicto social.

En este sentido, resulta necesaria una nueva percepción del crimen y del castigo, una nueva forma de administrar justicia, que involucre a las víctimas, parta de ellas y se dirija hacia ellas.

Como respuesta a este panorama, en el ordenamiento jurídico colombiano se han introducido importantes preceptos, reformas y apuestas al respecto. Por un lado, el Código de Procedimiento Penal (arts. 518 y subsiguientes de la Ley 906 de 2004), reguló la justicia restaurativa, su concepto, sus mecanismos, así como el deber de la Fiscalía General de la Nación de fijar las directrices para su correcto desarrollo e implementación.