"La reforma del Código Penal del 2015, concretamente en lo que atañe a las condiciones de exención de responsabilidad de las empresas, supuso una importante modificación por la que, para que la persona jurídica quede eximida de responsabilidad penal en el caso de que alguno de sus integrantes incurriese en alguna de sus conducta tipificadas, la adopción y ejecución, de modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Estos modelos de organización y gestión son lo que se conocen con el nombre de compliance guides o planes de prevención de riesgos penales en el mundo empresarial.


Las empresas, cada vez en mayor medida, se ven envueltas en un creciente número de asuntos penales. De esto tenemos evidencias tales como el hecho de que el plazo de prescripción de determinados delitos es más extenso para el caso de personas jurídicas que para las personas físicas o que las acusaciones decidan involucrar a las empresas en los procedimientos judiciales, una vez abierta esa puerta, por el mero hecho de que se pueden apreciar mayores posibilidades de éxito económico en un litigio actuando contra un patrimonio empresarial si lo comparamos con este tipo de posibilidades en el caso de actuar sólo contra un patrimonio personal.


Nace con ello la figura del Director de Cumplimiento Normativo o Compliance Officer, como figura de vigilancia y control orientado a prevenir la comisión de delitos en el entrono empresarial en el que opera. Entre sus principales funciones se encuentra la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

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